Según la normativa del INTA en el artículo 6) de la Ley 8149 «Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria»:

ARTÍCULO 6.- El Instituto podrá realizar convenios con las universidades públicas, privadas e institutos de investigación, a nivel nacional o internacional, con el fin de mejorar la producción agropecuaria.

La denuncia argumenta que la empresa ROCO no es una universidad pública, privada ni un instituto de investigación nacional o internacional. Entonces un convenio no se puede hacer con una empresa privada, en ese caso la relación entre ROCO y el INTA debería establecerse de acuerdo a la Ley de Contrataciones.

¿Puede el INTA contratar empresas privadas?

Esta parte está más compleja pero igual se aclara en la denuncia, que el INTA es un órgano de desconcentración máxima (ente público que aplica regulaciones), se le otorga personalidad jurídica para que cumpla su objetivo y administre su patrimonio nada más, y está excluído de las disposiciones de la Ley que Crea la Autoridad Presupuestaria, No 6821 siempre y cuando los recursos provenientes de su propia gestión no sean considerados recursos públicos. Todo lo anterior de acuerdo al Artículo 1 de la Ley 8149.

Así surge la pregunta, ya que la empresa privada es quien le provee los servicios al INTA ¿cómo contratan y de ser el caso lo puede hacer el mismo INTA o el MAG? Según se explica en la misma ley, Artículo 14 no es parte de las funciones del Director Ejecutivo del INTA (Arturo Solórzano, uno de los firmantes del «Convenio»). Sin embargo sí es competencia del director cumplir con los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva (mismo artículo). La Junta Directiva no se menciona en el «Convenio» pero uno de sus integrantes, el Ministro de Agricultra, es otro de los firmantes (seguimos con la misma ley, Artículo 7 que denomina los integrantes de la Junta Directiva).

La denuncia esclarece también que el «Convenio» tiene los elementos de un contrato de prestación de servicios:

• Contratista: INTA
• Proveedor: ROCO
• Nombre de los servicios contratados: «Evaluación sobre la adaptabilidad de tres cultivares de Cáñamo industrial en dos sitios de Costa Rica»
• Finalidad: «objetivo realizar la evaluación sobre la adaptabilidad de tres cultivares de Cáñamo industrial en dos sitios de Costa Rica»
• Durabilidad del contrato: «El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la firma del presente documento.»
• Pago total correspondiente por los servicios y formas de pago: ₡17.054.580 en total, INTA ₡10.604.580 y ROCO ₡6.450.000 «mediante transferencia a las cuentas de FITTACORI» primer desembolso correspondiente al 50% del monto total, segundo desembolso del 30% y un tercer desembolso del 20% restante.
• Acuerdo de confidencialidad.
• Obligaciones de las partes.

Ley de Contratación Administrativa

Para no alargar más el texto la ley se puede leer completa en este enlace, y me voy a referir a las excepciones que se mencionan en la denuncia según esta ley.

Incisos d) y h) ¿es Roco Plantas S.A. un único proveedor mundial de genética y de cultivo de cáñamo industrial? Claramente no, existen proveedores en Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, China, Rusia, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica y Australia.

Otra hipótesis del inciso h) es la de escasa cuantía. «La escasa cuantía es una excepción a los procedimientos ordinarios, dado su bajo monto -tal y como su nombre lo indica-. Así, dado que se trata de montos muy pequeños, lo más conveniente para el interés público, es realizar un procedimiento mucho más ágil y rápido.» Contraloría General de la República. El «Convenio» como se puede leer anteriormente menciona el monto de ₡17.054.580 entre el INTA y ROCO, pero no incluyen los productos que se generan a partir del «Convenio». Aunque estos sí se mencionan en la parte de Propiedad Intelectual:

Obviamente en Costa Rica no existen empresas locales idóneas porque antes del 8 de marzo del 2022 la actividad era ilegal, pero la empresa ROCO lo pudo hacer por ₡6.450.000 en el año 2020 sin tener licencia de producción de cáñamo en alguna jurisdicción y además ahora es dueña de la Propiedad Intelectual junto con el INTA que se generó a partir del «Convenio». No obstante, como establece la denuncia no se ha podido encontrar alguna disposición que le permita al INTA de disponer de la propiedad intelectual.

El «Convenio» también incluye en una de sus partes:

Así es como la denuncia concluye que además de que no se realizó el debido proceso (el «Convenio» en realidad no es un convenio es una contratación de servicios de empresa privada, no hubo proceso de selección de proveedores ni cartel internacional, etc.) pero sí hay disposición de los bienes del Estado y una clara ventaja que beneficia a la empresa ROCO (la cual viola todos los principios y normas de la Ley de Contratación Administrativa).

Algo más que se especifica en el «Convenio» es: